Con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó ayer 14 reformas constitucionales para abatir la corrupción en el país. Una vez aprobado en lo general y en lo particular, el texto fue enviado a trámite a los congresos locales.

Al presentar el dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales, el  priista Enrique Burgos dijo que el nuevo marco jurídico tiene mayor amplitud y alcances para la prevención, detección y sanción a los tres Poderes y los tres órdenes de gobierno.

Aseguró que con las modificaciones a 14 artículos de la carta magna se articula una nueva concepción para prevenir hechos de corrupción, investigar las denuncias ciudadanas y las presuntas responsabilidades de que conozcan las autoridades, y la sanción aplicable.

La priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que es doloroso y preocupante que México se ubique en el segundo lugar como el país de más impunidad en un ranking de 59 naciones, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015.

De ahí que, dijo, las reformas sentarán las bases para inhibir, prevenir y castigar a quienes cometan actos de corrupción. Sienta las reglas y los principios —añadió— para desarrollar un Sistema Nacional Anticorrupción.

Señaló que este Sistema contará con un Comité Coordinador encargado de diseñar y promover, en todo el país, las políticas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

El perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo que si bien con las reformas aprobadas ayer se ha dado un paso adelante en contra de la corrupción, aún quedan muchas cosas por hacer.

“Lamentablemente el combate a la corrupción y la impunidad no basta enfrentarlo con la creación de nuevas leyes e instrumentos jurídicos administrativos y penales, sino que se requiere un cambio de actitud, un cambio en el ejercicio de la administración pública, un cambio cultural en la sociedad y particularmente el cumplimiento irrestricto de la ley por parte de la autoridad”, expresó.

Encinas instó a la Comisión de Puntos Constitucionales que a la brevedad  dictamine la minuta enviada por la Cámara de Diputados y las iniciativas presentadas por senadores para eliminar todo tipo de fuero establecido en la Constitución.

Durante el debate, que duró más de ocho horas, el panista Javier Corral dijo que no basta con anunciar con bombo y platillo la obtención de un consenso político traducido a un cambio normativo relativamente importante en la Constitución, ya que ello no logrará satisfacer las demandas de los ciudadanos.

“México está cansado de intentos fallidos de reformas constitucionales y legales que en la práctica no han significado más que una sucesiva secuencia de reformas insuficientes desde su nacimiento”, dijo Corral.

La panista Marcela Torres dijo que la corrupción cuesta a los mexicanos 45 veces el presupuesto de la UNAM; 35 por ciento del presupuesto total para el ejercicio 2015; 1.9 veces el presupuesto para salud, incluyendo IMSS e ISSSTE; 5.2 veces el presupuesto propuesto para la SEP, anualmente y tres  veces el presupuesto asignado a las entidades federativas por concepto de aportaciones federales.

El perredista Armando Ríos lanzó:

”Llamarle a esta minuta un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción es incompleto, si no logramos quitar el fuero; el fuero para senadores y senadoras, el fuero para legisladores, el fuero para presidentes municipales como José Luis Abarca, o el fuero incluso para el presidente de la República”.

La priista Lilia Merodio enfatizó que “se equivocan quienes ven en esta reforma una simple reacción a los escándalos y a la coyuntura política”.

Tras la aprobación en lo general, el pleno senatorial discutió reservas de artículos, realizadas por senadores del PAN, PRD y PT, que no prosperaron.

Contenido de la Reforma

Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.

Se crea un Comité Coordinador, encargado de establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales y emitir recomendaciones a las autoridades para prevenir faltas administrativas y actos de corrupción.

Los servidores públicos estarán obligados a presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses. 

En casos de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, el Estado mexicano podrá recuperar los bienes producto de la corrupción, a través de la figura de extinción de dominio.

El Senado ratificará el nombramiento del secretario de la Función Pública.

Los titulares de los órganos de control interno serán designados por la Cámara de Diputados.

Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa serán designados por el Presidente de la República y ratificados por este Senado.

La Auditoría Superior de la Federación podrá revisar en tiempo real los ejercicios fiscales en curso con el objeto de investigar y sancionar oportunamente irregularidades administrativas.

La ASF podrá auditar ejercicios fiscales anteriores y podrá fiscalizar los recursos federales que se destinen y ejerzan a través de fideicomisos, fondos y mandatos, tanto públicos como privados.

Una vez aprobadas las reformas constitucionales, se contaría con un año para expedir dos leyes generales: la relativa al Sistema Nacional Anticorrupción, y la relativa a las responsabilidades administrativas de servidores públicos.