SEATTLE.— Un juez federal en Seattle no detendrá el proceso de deportación de ocho menores que demandaron al gobierno federal por el tema de la representación legal.

El juez de distrito Thomas Zilly negó el lunes una medida cautelar solicitada por los abogados de los menores debido a que los jóvenes inmigrantes, con edades de entre 10 y 17 años, no habían agotado sus opciones a través del sistema de tribunales de inmigración.

Sin embargo, Zilly no se pronunció sobre la cuestión general de si los menores en procedimientos de deportación tienen derecho a abogados a expensas del gobierno.

"La corte es solidaria con la petición de los demandantes de asistencia legal en el laberinto de inmigración en el que ahora se encuentran", escribió Zilly, para luego añadir: "sin embargo, la asistencia que los demandantes desean actualmente está limitada a las solicitudes de continuidad que no presentaron al juez competente de inmigración antes de presentar la moción pendiente".

En julio, grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes demandaron al gobierno federal, pues sostienen que la mayoría de los menores en los procedimientos de deportación carecen de representación legal y eso viola sus derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Los grupos, que incluyen a la Unión Americana de Libertades Civiles y el Northwest Immigrant Rights Project, con sede en Seattle, buscan que un tribunal certifique la demanda en calidad de acción colectiva con base en las historias de los ocho menores de edad, que provienen de México y Centroamérica, y residen en California y el noroeste de Estados Unidos.

El gobierno quiere que se desestime la demanda. El juez tiene previsto pronunciarse el próximo mes tanto sobre la moción para desestimarla como sobre si tiene jurisdicción en cuanto a la cuestión de la representación legal.

Más de 60.000 niños y jóvenes han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos en el último año sin sus padres, muchos de ellos huyendo de la violencia de las pandillas en Centroamérica. Aunque las llegadas a la frontera se han reducido drásticamente, la gran mayoría de aquellos que ingresaron en Estados Unidos permanecen en el país mientras sus casos se tramitan lentamente a través de los represados tribunales de inmigración.

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